Instituciones y municipios podrán conservar hasta un 15% de fondos no ejecutados del programa de discapacidad, con rendición posterior.
El Gobierno bonaerense modificó las condiciones administrativas y de rendición de fondos del Programa de Prevención Social y de Promoción de la Persona con Discapacidad. Entre los cambios, estableció que las instituciones y municipios podrán conservar un saldo sin ejecutar de hasta el 15% de las subvenciones recibidas, que deberá ser rendido durante el mes siguiente.
La modificación busca diferenciar ese remanente de los ahorros, que requieren una planificación y autorización previa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Según los fundamentos de la resolución, la medida apunta a contemplar situaciones en las que los espacios no llegan a utilizar la totalidad de los fondos asignados, sin generar cargas administrativas desproporcionadas.
La nueva normativa también incorpora la posibilidad de que el Ministerio prorrogue los convenios por un período igual al de su vigencia original, mediante una decisión unilateral. El objetivo es evitar la reiteración de trámites administrativos en programas cuyos servicios tienen continuidad, aunque se mantendrán los controles sobre la documentación que deba estar actualizada.
Otro de los cambios establece que la rescisión de los convenios podrá notificarse mediante una nota enviada al domicilio electrónico declarado por las partes, además de los mecanismos previstos hasta ahora. Para ese procedimiento se fija un plazo de 30 días.
La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, deja sin efecto la normativa aprobada en marzo de 2025 y establece un nuevo documento de gestión para el programa, que había sido creado en diciembre de 2024.
El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a derechos básicos, como la vivienda y la alimentación, de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, además de promover su autonomía e inclusión mediante actividades laborales, deportivas y recreativas.
Además, se actualizaron los modelos de convenios de cooperación que el Ministerio suscribe con municipios, instituciones de la sociedad civil y entidades religiosas. Las modificaciones también alcanzarán a los acuerdos vigentes, para lo cual se incorporó un acta de adhesión que permitirá documentar la aceptación de las nuevas condiciones.
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