Ultimátum de la justicia Pettovello: el lunes tendrá que abastecer de alimentos a comedores comunitarios

La ministra de Capital Humano debe restituir el abastecimiento a 77 comedores en un plazo de 72 horas hábiles, según un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico.

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Una vez más, la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS obligando al Ministerio de Capital Humano a que restituya en 72 horas hábiles el abastecimiento de alimentos a 77 comedores, solo una pequeña parte de los cientos de espacios comunitarios que trabajan sobre el derecho a la alimentación de la población más vulnerable en todo el país.

“La cartera a cargo de Sandra Pettovello emitió un comunicado donde una vez más miente diciendo que 11 de los 77 comedores no existen. Pero en la presentación que el propio ministerio hizo en la Justicia reconoce que en realidad esos 11 comedores ´no habían podido ser relevados’”, indicó UTEP en un comunicado.

Desde Argentina Humana, la plataforma que lidera Juan Grabois, le respondieron vía Twitter: “Dejen de mentir. Sí existen, los 77 comedores y muchos más, pero ustedes no los relevaron. Entreguen la comida. Tienen hasta el lunes. Tic tac”.

El juez Enrique Lavie Pico fue categórico en su sentencia: “habida cuenta del derecho alimentario en juego, el tiempo transcurrido y a fin de evitar dilaciones innecesarias, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a fin de que, en el plazo de tres días hábiles, incorpore de forma efectiva los 66 comedores de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”.

Asimismo, sostiene que el cumplimiento de la sentencia es “bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias”, por lo tanto si el ministerio a cargo de Pettovello incumple la medida, el Estado argentino tendrá que pagar multas.

Ya son nueve los jueces federales que dan lugar al planteo jurídico realizado por la UTEP y reconocen que el accionar de Capital Humano pone en riesgo el derecho humano a la alimentación de la población. El mes pasado, la UTEP llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fueron los propios miembros de la CIDH los que manifestaron preocupación por la regresividad de los derechos en Argentina. (DIB)

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